La aprobó el Congreso español por por 177 votos a favor y 172 en contra. La norma había sido negociada por Pedro Sánchez con el independentismo catalán a cambio de que apoyaran su reelección.
Doscientos días después de haber iniciado su periplo parlamentario, la polémica ley de amnistía que Pedro Sánchez negoció con el independentismo catalán a cambio de que votaran su reelección fue definitivamente aprobada este Jueves en el Congreso.
Por 177 votos a favor y 172 en contra, la “ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” (tal como la bautizó el PSOE, el partido que la presentó) es ya una realidad que, lejos de normalizar y pacificar el debate parlamentario, lo encendió y lo llevó a su máxima tensión.
España cuenta así con una ley que borra los delitos de sedición cometidos por quienes intentaron que Cataluña se convirtiera en una república y que entrará en vigor apenas se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que podría suceder la semana que viene.
Sin embargo, la aplicación de la flamante amnistía no será inmediata.
Los jueces a los que les tocará ponerla en práctica tendrán dos meses para analizar caso por caso y resolver si la nueva ley anula o no los procedimientos llevados a cabo hasta hoy contra quienes están procesados o condenados para que pasen a ser amnistiados.
Se estima, según cálculos del gobierno de Pedro Sánchez, que la ley de amnistía podría beneficiar a unas 370 personas que participaron o colaboraron con el “procés” independentista en Cataluña. En particular, a quienes se implicaron entre el 1 de Noviembre de 2021 y el 13 de Noviembre de 2023.
El beneficiario más conocido será Carles Puigdemont, el ex presidente catalán que España consideraba hasta este Jueves un prófugo de la Justicia por haber huido a Bélgica luego de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, en 2017.
Como la ley de amnistía establece que las medidas cautelares que pesen sobre independentistas deben levantarse en cuanto entre en vigencia, Puigdemont, contra quien un juez español libró una orden europea de captura, podría regresar a España. Aunque hay dudas respecto de cuándo podría hacerlo sin ser detenido.
Además, aún no queda claro de qué modo podrían interferir en la aplicación de la ley los recursos presentados (y los que se anunciaron que se concretarán) ante el Tribunal Constitucional.
El PSOE, partido mayoritario en la coalición de gobierno y del cual Pedro Sánchez es secretario general, presentó el proyecto de ley en solitario, luego pactar con el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, que la amnistía sería ley.
La norma fue formulada, además, en dos textos. Junts rechazó la propuesta inicial del PSOE y la dejó caer en su primer debate, porque consideró que no daba suficiente protección al ex presidente para su regreso a España en libertad.
Los de Puigdemont consiguieron, entonces, que la amnistía amparara a todos los posibles delitos cometidos en favor de la independencia de Cataluña, excepto los que implicaran actos de terrorismo o de enriquecimiento personal por malversación de fondos públicos.
Por eso hay expectativa respecto de las dos causas abiertas sobre posibles actos de terrorismo cometidos por los activistas de Tsunami Democràtic y por los presuntos vínculos del separatismo catalán con el régimen de Vladimir Putin. En ambas causas se investiga si Puigdemont habría estado o no involucrado.
La amnistía que el Congreso español aprobó este Jueves atravesó seis meses de sesiones parlamentarias afiebradas, manifestaciones en la calle, protestas frente a las sedes del PSOE y el rechazo de voces respetadas dentro del principal partido del gobierno como la del ex presidente Felipe González.
En Marzo quedó aprobada en Diputados y pasó al Senado, donde el Partido Popular (PP), que cuenta con mayoría absoluta, demoró lo más posible su tratamiento hasta que finalmente la vetó a mediados de Mayo.
Regresó entonces al Congreso de los Diputados donde este Jueves obtuvo su aprobación definitiva.
La sesión comenzó a las nueve de la mañana, hora española, con pocos miembros del gobierno sentados en sus bancas.
Pedro Sánchez no participó del debate. Ingresó en el recinto sólo para dar su voto a favor. Mientras lo emitía, se escuchó un grito: “¡Traidor!”.
El Presidente del gobierno no abrió la boca. Ni este Jueves ni en ninguno de los debates en los que se trató la ley de amnistía.
Quien la defendió en el hemiciclo desde su partido fue el diputado Artemi Rallo, quien subió al estrado y afirmó: “Aunque les cueste y les duele oírlo, Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía”.
El PP eligió a Alberto Núñez Feijóo, su presidente y líder de la oposición, para expresar su “no” a la ley.
“Hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español”, dijo Núñez Feijóo.
“El trueque que aquí están perpetuando tiene un nombre: corrupción política”, subrayó en alusión al acuerdo entre el PSOE y Junts que permitió la reelección de Pedro Sánchez a cambio de la ley de amnistía.
Sánchez volvió a ser elegido Presidente del gobierno de España en Noviembre del año pasado con el apoyo de los separatistas vascos y catalanes de partidos de izquierda.
“Lo que hoy (por este Jueves) va a hacer efectivo el Congreso es un intercambio de poder a cambio de privilegios, de impunidad”, dijo el líder de la oposición.
“Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto”, le reprochó Núñez Feijóo a los miembros del gobierno que estaban sentados en sus bancas de la primera fila.
Y pidió elecciones anticipadas: “Convoquen a elecciones y escuchemos que dicen todos los españoles de este fraude electoral”.
“Será cuestión de los tribunales y de la Unión Europea derrotar esta ley de amnistía”, anticipó el presidente del PP sobre los recursos que su partido piensa presentar para frenar la norma.
“Quédense ustedes con la ambición de un solo hombre. A nosotros no nos han elegido para mentir”, cerró su discurso Núñez Feijóo.
“Esta ley no es perdón ni es clemencia. Es victoria. Una victoria democrática y colectiva”, dijo a su turno la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras.
“No nos confundamos. Nunca deberíamos haber necesitado esta ley”, subrayó.
Nogueras citó a Puigdemont “cuando dijo que nadie se engañe con el acuerdo de investidura y la ley de amnistía no se resolverá el problema de fondo”.
“Esta ley no es de pacificación sino de reparación de una parte de las injusticias cometidas contra el independentismo catalán”, aseguró la diputada.
“No somos terroristas. No somos delincuentes. Esta es la realidad y ustedes lo saben”, dijo Nogueras.
“Después de hoy la lucha continúa”, aseguró.
Esquerra Republicana de Cataluña, el otro partido independentista, agradeció a quienes colaboraron para que la amnistía fuera una realidad.
Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, anticipó el paso siguiente en la hoja de ruta del independentismo: “Próxima parada, referéndum”, dijo Rufián sobre la consulta popular que su partido pretende acordar con el gobierno de Pedro Sánchez para preguntarle a los catalanes si quieren seguir perteneciendo a España o si prefieren formar una república independiente.
Desde la platea de invitados del hemiciclo del Congreso, siguió el debate el ex presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, que en 2017 era vicepresidente de Cataluña y que no se fugó con Puigdemont, fue encarcelado, condenado y luego indultado.
La amnistía quedó aprobada 18 días después de las elecciones regionales en Cataluña, donde el Partido Socialista fue el más votado aunque aún no tiene certezas de lograr los apoyos necesarios para poder formar un gobierno.
Carles Puigdemont fue el candidato independentista más votado pero, por primera vez en décadas, los partidos separatistas, unidos, no lograron reunir la mitad más uno de las 135 bancas que integran el Parlamet catalán.
Puigdemont, sin embargo, aspira a poder ser investido presidente, aunque las probabilidades son casi nulas. Prometió, durante la campaña, que estará en Barcelona para el debate de investidura y que si no logra volver a ser elegido presidente abandonará la política.
En Madrid, este Jueves, mientras la aprobación definitiva de la amnistía todavía se debatía en el Congreso de los Diputados, la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anticipó que las once comunidades autónomas gobernadas por su partido, el PP, presentarán ante el Tribunal Constitucional un recurso en contra de la polémica ley de la que habla toda España.
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